“Grupo de Estudios de Política Criminal”: Comunicado sobre la corrupción urbanística

El “Grupo de Estudios de Política Criminal”, asociación que trata de ofrecer
a la sociedad una alternativa progresista en materia de política criminal,
compuesta por unos doscientos miembros entre catedráticos, profesores
titulares de derecho penal así como jueces y fiscales, aprobó el pasado fin
de semana un manifiesto sobre corrupción urbanística y otras conductas
delictivas relacionadas, en el que constata el fracaso de los controles
administrativo y penal en la lucha contra la corrupción ligada al urbanismo,
y en el que se apuntan las líneas de actuación que debieran seguirse para
una erradicación de prácticas corruptas públicas y privadas y para una
utilización sostenible y ordenada del territorio, imprescindible para la
calidad de vida de los ciudadanos.

El documento analiza cómo las distintas administraciones (estatal,
autonómica y local) y la propia jurisdicción contenciosa han sido incapaces
de frenar un proceso, cuando no lo han favorecido, donde frecuentemente los
intereses privados y partidistas han prevalecido frente a los intereses de
la colectividad.

En el texto el Grupo de estudios de Política criminal se felicita
por la aprobación de la Ley del Suelo, y pide a la administración estatal
una mayor implicación en la tutela del medio ambiente, del dominio
marítimo-terrestre y de la disponibilidad de los recursos hídricos. Se pide
asimismo que la Administración central no vacile en aplicar medidas de
carácter extraordinario como, por ejemplo, la disolución de corporaciones
locales.

En cuanto a la administración autonómica, el texto subraya la
necesidad de acomodación de la legislación autonómica a la estatal, donde se
contemplen límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones
y un mayor control de aquellos planes urbanísticos basados en datos
especulativos y no reales de crecimiento de la población. El documento
solicita a los entes locales más transparencia, motivación y participación
ciudadana en el planeamiento y la gestión urbanística.

El Grupo de estudios considera que la jurisdicción contencioso
administrativa debe imprimir mayor celeridad a sus actuaciones en el ámbito
urbanístico, actuaciones que han de tener por fin la restauración de la
situación original, y debe prestar especial atención a la ejecución de sus
sentencias.

En cuanto al ámbito del control penal, cuya finalidad es la de
proteger bienes jurídicos especialmente importantes para la sociedad,
entiende el documento que los delitos contra la ordenación del territorio
deben castigarse con sanciones realmente efectivas para disuadir a los
responsables del delito de la comisión de nuevas infracciones. Y así, para
los culpables que gocen de un importante nivel económico, no parecen
adecuadas multas de cuantía limitada como las previstas por el sistema de
días-multa ni, por otro lado, tampoco resulta conveniente prescindir de la
pena de prisión o fijar una de escasa duración. Asimismo allí donde se hayan
hecho construcciones ilegales en lugares donde no se puedan realizar, es
fundamental que se acuerde la demolición como regla general. La demolición
es un instrumento esencial para demostrar que la comisión de estos hechos no
merece la pena.

Finalmente, el Grupo de estudios de Política criminal considera
inaplazable que el Código Penal afronte la responsabilidad de las personas
jurídicas, y subraya que la consecuencia accesoria de comiso de las
ganancias es uno de los instrumentos más eficaces para prevenir
comportamientos de corrupción urbanística, lo que implica más unidades
administrativas y policiales en la investigación de los activos y su
procedencia.